La situación legal de Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como Epa Colombia, continúa dando giros inesperados. A más de seis meses de haber sido privada de la libertad, un nuevo episodio judicial ha generado preocupación entre su equipo de defensa y seguidores, al revelarse una posible irregularidad cometida por una de sus abogadas que podría frenar aún más sus opciones de recuperar la libertad.
Desde su reclusión en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, Barrera ha estado envuelta en un proceso judicial complejo. La empresaria e influencer fue condenada por hechos ocurridos años atrás relacionados con actos de vandalismo contra estaciones del sistema TransMilenio, lo que la llevó a enfrentar cargos por daño en bien ajeno, instigación a delinquir y perturbación del orden público.
Sin embargo, el proceso de resocialización de Barrera ha sido uno de los focos de su equipo legal. En los últimos meses, se han presentado diversas solicitudes ante el sistema judicial para intentar mejorar sus condiciones carcelarias e incluso, para solicitar beneficios que podrían haberla acercado a la libertad condicional o a una medida sustitutiva como la prisión domiciliaria. Pero las más recientes acciones de su defensa han provocado un efecto contrario.
De acuerdo con información revelada por la revista Semana, la abogada Mónica Barrios, quien hace parte del equipo jurídico que representa a Barrera, presentó ante las autoridades dos solicitudes que llamaron la atención del juzgado a cargo de la ejecución de la pena. En primer lugar, pidió la autorización para que su defendida pudiera participar en una “organización de actividades de labor social”, argumento que, según indicó, buscaba favorecer el proceso de resocialización de la interna. Y en segundo lugar, el pasado 21 de mayo solicitó su traslado a una guarnición militar, bajo la premisa de garantizar mayor seguridad y condiciones más apropiadas.
Ambas solicitudes fueron rechazadas de manera inmediata. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue el contenido y el procedimiento con el que se presentaron estas peticiones. El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá determinó que existían indicios suficientes para elevar una solicitud ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, con el objetivo de que se investigue el actuar de la jurista.
La posible falta disciplinaria por parte de la abogada Barrios —que aún está siendo evaluada— podría derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta una inhabilitación temporal o definitiva para ejercer su profesión. Esto, naturalmente, tendría un impacto directo sobre el proceso legal de Epa Colombia, en un momento en el que su defensa busca argumentar ante los jueces que ha cumplido una parte significativa de su condena y que ha mostrado voluntad de reintegrarse socialmente.
Esta situación añade un nuevo capítulo a una historia ya cargada de polémica y controversia. Desde su condena, Barrera ha recibido tanto muestras de apoyo como críticas en redes sociales. Su caso ha generado un debate nacional sobre los límites de la justicia frente a figuras públicas, así como sobre el uso de plataformas digitales como escenario de influencia, negocios y, en algunos casos, de delitos.
Más allá del ruido mediático, lo cierto es que este nuevo tropiezo podría afectar de forma sustancial las posibilidades jurídicas de la influencer. Un eventual cambio en su defensa implicaría no solo retrasos procesales, sino también una posible reevaluación de las estrategias planteadas hasta ahora para lograr beneficios penitenciarios.
Por el momento, Daneidy Barrera continúa recluida en El Buen Pastor, mientras su equipo legal intenta reorganizarse ante esta crisis. La decisión final de la Comisión de Disciplina sobre la abogada Barrios será determinante no solo para el futuro profesional de la jurista, sino para el curso que tomará el proceso de defensa de una de las figuras más controversiales del país en los últimos años.
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